Introducción
Aunque la exclusión residencial extrema y el riesgo de pérdida de vivienda afecten a un porcentaje relativamente reducido de la población de Barcelona, la criticidad del problema y la diversificación del perfil de personas y de hogares que se encuentran cada vez más en situación de vulnerabilidad representan una tendencia preocupante de los últimos años, con riesgo de verse ulteriormente agravada por el impacto socioeconómico generado por la crisis de la COVID-19 a medio y largo plazo.
Reconociendo la vulnerabilidad residencial como un fenómeno multifacético, a veces transitorio, y causado por factores contingentes —muchos de los cuales son difícilmente detectables de manera cuantitativa y continuada—, este estudio propone utilizar la densidad territorial de ayudas y actuaciones impulsadas durante el bienio 2017-18 como una herramienta para detectar aquellas áreas de la ciudad que están más expuestas al riesgo de exclusión residencial.
Factores de riesgo
¿Dónde se concentra más el riesgo de exclusión residencial?
Con el objetivo de evidenciar aquellas áreas de la ciudad donde más se concentra el riesgo de exclusión residencial, el estudio recoge toda la información disponible sobre las diferentes medidas y líneas de ayudas impulsadas en el entorno municipal durante el bienio 2017-18. En particular, se analiza el riesgo de exclusión residencial trabajando con las siguientes bases de datos:
- Direcciones de hogares vulnerables en las que se ha evitado el corte de suministro (gas, electricidad y/o agua).
- Direcciones de hogares en las que se ha reconocido la condición de exclusión residencial por parte de los puntos de asesoramiento energético (PAE).
- Direcciones de hogares que han recibido ayudas municipales para el pago del alquiler.
- Direcciones de hogares que han recibido ayudas de la Generalitat para el pago del alquiler.
- Direcciones de hogares que han estado asistidas por la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), por estar en riesgo de pérdida de vivienda.
- Hogares empadronados por cada manzana (Padrón municipal 2018).
Estas informaciones acaban formando un índice agregado de riesgo de exclusión residencial, que se expresa en el mapa a continuación de forma territorializada. Después de dividir el número total de ayudas y/o actuaciones registradas en cada manzana por el número de viviendas registradas en la misma manzana, este índice —a través del que se expresan los resultados— se ha calculado a partir de la desviación de cada división respecto del valor promedio de la muestra, y se han definido niveles de vulnerabilidad, de menos a más elevado en función del valor creciente de esta desviación, respectivamente.
El ejercicio no pretende describir una panorámica global de la vulnerabilidad residencial en Barcelona, ya que seguramente no existe una total correspondencia entre la cobertura de las ayudas municipales y la proporción real del problema analizado. Dicho de otro modo, en un contexto en que un número creciente de hogares está sujeto a un sobreesfuerzo económico por gastos relacionados con la vivienda —sobre todo el alquiler y el suministro de electricidad—, es probable que muchas situaciones de vulnerabilidad se queden fuera del alcance de las ayudas públicas y que, en consecuencia, no salgan reflejadas en el mapa, a pesar del progresivo fortalecimiento de los esfuerzos municipales contra la exclusión residencial, como evidencia el balance anual del Plan por el derecho a la vivienda de Barcelona (2018), o el impulso de medidas de lucha contra la pobreza energética para evitar cortes de suministro y garantizar el acceso a los servicios básicos.
Áreas vulnerables
Áreas de la ciudad con mayor número de ayudas para el mantenimiento de la vivienda y los servicios básicos
La distribución territorial del riesgo de exclusión residencial se solapa en parte con la vulnerabilidad por alquiler inasequible ilustrada en el capítulo de inasequibilidad del alquiler . Tanto por volumen de viviendas como en términos absolutos, el Raval, en el distrito de Ciutat Vella, es el barrio con más manzanas en la franja de vulnerabilidad extrema sobre el total (47 sobre 132, correspondiente al 35 %). No obstante, en términos relativos, cinco barrios en el distrito de Nou Barris reportan un nivel de vulnerabilidad aún más elevado: Ciutat Meridiana (87 %), el Turó de la Peira (62 %), Can Peguera (74 %), las Roquetes (57 %) y Verdun (47 %).
En términos de población en situación de riesgo, se pueden extraer las siguientes consideraciones generales sobre el volumen de hogares atendidos a través de las diferentes líneas de ayudas:
- Unos 10.700 hogares reciben ayudas al pago de alquiler, el 79 % de estas por parte de la Generalitat y el 21 % por parte del Ayuntamiento.
- El 85 % de los desahucios registrados en el 2017 (2.139, sobre un total de 2.519) fueron por impago de alquiler.
- Durante el bienio 2016-17, se ha evitado un corte de suministro por impago de facturas (agua, gas y electricidad) en unos 13.900 hogares. El suministro más caro y con más situaciones de impago es la energía eléctrica.
Actuaciones relacionadas
El riesgo de exclusión residencial amenaza la resiliencia de la ciudad y de sus barrios con diferente nivel de criticidad y de impacto por volumen de población. El Plan por el derecho a la vivienda de Barcelona (2016-25) —y el compromiso político derivado de este último— proporciona un ambicioso marco estratégico para abordar los retos a los que se enfrenta la ciudad, poniendo en marcha un amplio abanico de medidas, proyectos, actuaciones y normativas —tanto de apoyo a la demanda como a la oferta de vivienda nueva—, que tienen un papel clave en garantizar el derecho a la vivienda para todo el mundo a lo largo de las diferentes etapas de la vida. En particular, con respecto a la exclusión residencial se destacan las siguientes medidas.
Prevención y respuesta a la exclusión residencial
En el 2015, se creó la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), con el triple objetivo de:
1) Actuar contra los desahucios en la ciudad.
2) Atender situaciones de ocupación ilegal.
3) Establecer una disciplina de uso de vivienda.
La UCER ha ido creciendo hasta estabilizarse en torno a las 2.300 unidades de convivencia atendidas en situación de riesgo de pérdida de la vivienda. En el 2018 se han atendido 6.371 personas, de las que 2.354 eran menores. Su actuación ha permitido aumentar progresivamente las soluciones habitacionales definitivas para las personas que han sido víctima de desalojo.
Entre el 2015 y el 2018, se registra un incremento del 80 % del presupuesto municipal dedicado a las ayudas al alquiler, que se suman a otra línea de ayuda análoga gestionada por la Generalitat. En este marco, los beneficiarios de ayudas municipales han pasado de 2.708 hogares durante el mandato 2012-15 a 4.467 hogares durante el mandato 2016-19. Destacan tres tipologías diferentes de ayudas:
1) Ayudas al parque público.
2) Ayudas al alojamiento para situaciones de emergencia.
3) Ayudas al pago del alquiler para el mantenimiento de la vivienda.
Finalmente, la política municipal de rehabilitación de edificios y hogares ha sido relanzada en el 2015, con un incremento sustancial del presupuesto asignado (543 %), y se ha ido escalando progresivamente en los últimos cinco años. Destacan las siguientes tres líneas de intervención: rehabilitación integral en fincas de alta complejidad (FAC) en seis barrios definidos como prioritarios por el Plan de barrios; rehabilitación de los elementos comunes de los edificios, con el doble objetivo de optimizar la eficiencia energética y mejorar la accesibilidad física; y renovación de los elementos interiores para la mejora energética, adaptación de instalaciones de suministros a la norma vigente y mejora de las condiciones de habitabilidad y accesibilidad, hasta un máximo de 20.000 euros. Todas estas líneas de ayudas incluyen el objetivo de mitigar el consumo y el gasto de energía en los hogares, reduciendo el riesgo de exposición a situaciones de pobreza energética.
El Programa de resiliencia de Barcelona representa una nueva oportunidad de poner en valor el esfuerzo de implementación tanto de medidas existentes como otras nuevas para mejorar el acceso a la vivienda de todos y todas a lo largo de las diferentes etapas de la vida.